"la salud pública es la ciencia
y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y
la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear
el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al
individuo en cuanto a los principios de la higiene personal; organizar servicios
médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo
de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a
cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento
de la salud"(Winslow,1920).
La salud pública, así
considerada, se constituye a partir del reconocimiento de la existencia de
procesos y problemas colectivos de enfermedad. Esto implica que organizaciones,
grupos o instituciones deben hacerse cargo de los mismos, pues éstos no podrían
ser resueltos en el nivel de los individuos.
Los indicadores que
tradicionalmente se emplean para evaluar las políticas de salud en un país dejan
a Chile en un muy buen pie. La tasa de mortalidad infantil no supera los 11 por
mil, la expectativa de vida al nacer se empina a los 75 años, la desnutrición
infantil prácticamente no existe, casi el 100% de los partos son atendidos
profesionalmente. Por estas razones, entre otras, Chile aparece muy adelante en
los índices de desarrollo humano a pesar de que su ingreso per cápita aún no
supera los US$ 5.000 (Beyer, 2002).
Por otra parte, difícilmente se
puede sostener que los chilenos, aun los más pobres, no acceden a una atención
de salud. Se podrá discutir la oportunidad o la calidad, pero el acceso no está
en discusión. Crecientemente, y a pesar de las profundas reformas llevadas a
cabo en las últimas décadas, hay una insatisfacción compartida en vastos
sectores con el sistema de salud chileno. “De ahí que en los últimos años se
haya planteado con distintos énfasis la necesidad de llevar a cabo una reforma
profunda en nuestro sistema de salud. Se está lejos, sin embargo, de alcanzar
consensos en estas reformas, especialmente en el nivel político” (Beyer, 2002).
Más allá de las políticas
específicas probablemente hay algunos elementos o principios generales sobre los
cuales puede construirse una base de acuerdo más amplia para una reforma de la
salud en Chile. El primero de estos elementos es la eficiencia en el gasto de
los recursos públicos. El gasto público en salud se multiplicó 2,4 veces en los
90. El aporte fiscal lo hizo en el mismo período en 3,1
veces.
El esfuerzo es inmenso y, por
lo tanto, debemos velar que esos recursos se estén empleando bien. Ello supone
preguntarnos si las instituciones, los incentivos y las regulaciones actualmente
existentes apuntan en esa dirección. Un segundo principio que oriente las
reformas debe velar por la transparencia de los sistemas público y privado de
salud. Los derechos, las coberturas, los subsidios, entre otros muchos aspectos,
en uno y otro sistema, deben estar claramente especificados.
